Durante la III Cumbre Empresarial de las Américas, recientemente desarrollada en la ciudad de Lima, Perú, se llevó a cabo una discusión sobre la economía digital, su importancia para el desarrollo económico de la región, y cómo deberían formularse y enfocarse las políticas públicas para adaptarse a esta nueva economía. E
En el transcurso de esta cumbre, el presidente de la república de Perú, Martín Vizcarra, fue enfático en señalar la necesidad de cerrar la brecha de conectividad en los países de la región a fin profundizar el proceso globalizador, integrarnos adecuadamente y alcanzar el desarrollo de una economía digital. “Afrontamos una gran brecha de infraestructura física y digital. Entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconocen que sería necesario invertir alrededor de 6% de nuestro Producto Bruto Interno (PIB) regional si queremos cerrar dicha brecha”.
“Notemos la importancia de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones como un elemento esencial para el desarrollo económico y social de los países”, añadió el mandatario quien además invitó a los gobiernos latinoamericanos -con apoyo de la empresa privada- a trabajar para capitalizar el impacto positivo que tiene el crecimiento de la tecnología, en términos económicos, dado que los ciudadanos se encuentran cada vez más inmersos en un ecosistema digital que forma parte de sus interacciones sociales, económicas y laborales, entre otras.
Estas declaraciones fueron reforzadas con las estimaciones proporcionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la Cumbre, en las que se indica que el éxito de la adopción de las finanzas digitales podría crear un crecimiento de 6% (3.7 billones de dólares) en el PIB de las economías emergentes para el 2025.
De acuerdo con otros estudios elaborados por el BID, un aumento de 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región lleva asociado un incremento promedio de 3.2% del PIB y un aumento de la productividad de 2.6 puntos porcentuales. Mientras que informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y la Comisión Europea, señalan que las TIC proporcionan más de 40% de los aumentos anuales de productividad en la Unión Europea (UE).
Sin embargo, aumentar la inclusión y el acceso a infraestructura digital sigue siendo un desafío importante en América Latina. Se deben diseñar marcos normativos adecuados que promuevan la innovación y desarrollo tecnológico. En este contexto, la regulación que apoya el desarrollo y despliegue de infraestructura, el crecimiento digital y la innovación resultante, es vital para garantizar una rápida adaptación a la rápida y cambiante economía digital.
Es fundamental contar con un marco legal sólido, claro y moderno, capaz de adaptarse a la rapidez con la que avanza la tecnología de modo que permita el desarrollo del sector. Así, por ejemplo, uno de los grandes frenos para el adecuado despliegue de infraestructura en México son los marcos regulatorios y normativos que conllevan a dificultades administrativas, obstáculos para la construcción de obra civil, además de los retos derivados de condiciones geográficas y sociodemográficas.
Aun cuando México ha dado pasos importantes para hacer mayores inversiones en infraestructura de telecomunicaciones a partir de la reforma, estos avances se han dado en el ámbito federal, pero no a nivel municipal. De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) hoy en día un municipio tarda en promedio 648 días para poder otorgar un permiso para la instalación de una antena de telecomunicación, por lo que se está trabajando en programas para dar solución a este problema.
Esta falta de uniformidad en las normativas es uno de los factores principales que frena en mayor medida el despliegue de operadores.
Barreras para el despliegue de infraestructura condenan a la comunidad a un mal servicio que termina impactando a todos lo usuarios de telecomunicaciones.
Por lo tanto, se debe promover una regulación debe impulsar el despliegue de infraestructura sostenible y responsable, teniendo en cuenta a cada uno de los actores que forman parte del ecosistema digital, fortaleciendo al máximo la inversión privada sin desatender a los colectivos y a las zonas más desfavorecidas. En ese sentido, mandatarios y empresarios asistentes de la cumbre coincidieron en que es crítico trabajar en una agenda estratégica público-privada que busque unir esfuerzos de la manera más eficiente posible para reducir las grandes brechas aún existentes en la región.